Anteayer publicamos un primer artículo rápido, corto e incisivo sobre el expediente sancionador de la CMT. Hoy volvemos a exponer en una continuación de este artículo, las graves consecuencias para nuestro país de este tipo de resoluciones.

Desde distintos foros hemos hablado profusamente de las redes públicas y sobre la conveniencia de implantar las mismas como base de nuestra infraestructura como sociedad. Hemos hablado de cómo las redes públicas son la única manera que nuestra sociedad tiene para alcanzar la tan manida Sociedad del Conocimiento. Por eso hemos hablado en diferentes ocasiones de Atarfe y de cómo este pequeño pueblo granadino, se constituye en el paladín de la Sociedad del Conocimiento. Redes públicas que permiten al conjunto de la sociedad atarfeña, dar un salto cualitativo en cuanto a su inmersión en la sociedad netocrática.

Sin embargo, esta semana, el proyecto de Atarfe ha recibido la primera punzada por parte de los lobbys de presión. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha incoado expediente sancionador a la empresa municipal Proyecto Atarfe del Ayuntamiento de Atarfe, por una infracción muy grave en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades. Esta resolución constituye uno de los primeros ataques a las iniciativas ciudadanas de querer construir una sociedad netocrática, tal y como denunciamos en La Pastilla Roja en septiembre de 2003.

¿En qué consiste el Proyecto Atarfe?
En marzo de 2003, Antonio Rojo, economista y apasionado de las tecnologías y del mundo que la red de redes trae, mantiene conversaciones con Victor Sánchez, candidato a la alcaldía, para la propuesta electoral de hacer llegar el ancho de banda real a los casi trece mil habitantes que tiene el pueblo. Acercar la Sociedad del Conocimiento a los habitantes de Atarfe constituyó el eje fundamental de la campaña electoral de Víctor Sánchez que le permitió alcanzar la alcaldía en mayo de 2003. Para ello, los responsables del proyecto planifican los tres ejes fundamentales del proyecto de Atarfe: infraestructura, equipamiento y formación

Infraestructura
Con una superficie municipal de 47 km², el equipo técnico estudió diferentes alternativas para la implantación de una infraestructura pública de telecomunicaciones. Para una primera fase, se decantan por tecnologías wireless como la 802.11g que a diferencia del más extendido 802.11b, permite ratios de transferencia de más de 54 Mbs/s frente a los 11 Mbs/s, garantizando la conexión de banda ancha de 256 kbps.

Formación
El segundo de los ejes está basado en la formación de la ciudadanía para que los atarfeños conozcan qué significa la Sociedad del Conocimiento y lo que viene en los próximos años. Ayudar a hacer entender que Internet no es simplemente un espacio para descargar música, ver películas, o chatear con los amigos, sino que es la mayor de las enciclopedias de conocimiento que la esta Humanidad ha conocido.

Equipamiento - Accesibilidad
La tercera línea del proyecto es la garantía de que todos los atarfeños tengan los equipos necesarios para poder conectarse a la red de redes. Para ello el Ayuntamiento de Atarfe llegaba a un acuerdo con tres tiendas de informática locales así como con tres entidades financieras (La General, Caja Rural de Granada y La Caixa) para la financiación de los ordenadores. Por un precio de 1.200 euros los atarfeños tienen acceso a un ordenador de última generación cuya financiación es asumida por parte del Ayuntamiento. De esta manera y mediante plazos de 24 meses, los atarfeños pueden adquirir el equipamiento necesario para acceder a la red. Los ordenadores están cargados con Guadalinex siendo la única tecnología subvencionada. En caso de que el usuario quiera instalar otro tipo de software (ie. propietario) éste tendrá que asumir la compra del mismo con financiación por su cuenta.

Costes del Proyecto
Las intenciones por parte del Ayuntamiento de Atarfe para la prestación del servicio de acceso a Internet se basan en el establecimiento de una cuota mensual reducida que cubra los costes de implantación de la infraestructura. Durante el primer año se prevé que el mismo esté incluído en la compra del módem inalámbrico necesario, mientras que para los años posteriores se prevé una cuota de entre 3€ y 6€.

Sin embargo, estas actuaciones son sólo la avanzadilla de los servicios que se podrán ofrecer a medio plazo tal y como contemplan los responsables municipales del proyecto. Museos virtuales, telemedicina, etc. son algunos de las áreas que prometen aumentar la calidad de vida de los atarfeños. Para ello los responsables municipales del proyecto están diseñando la construcción de un anillo de fibra óptica que rodee todo el término municipal posibilitando la llegada de ancho de banda real que permita la oferta de toda una gama de servicios que llevará a los atarfeños a experimentar realmente lo que es la Sociedad de Conocimiento. En este contexto está prevista la inaguración en Atarfe del Centro Regional de Traducción Simultánea de la Fundación de la Comunidad Sorda Andaluza. Desde este centro se prevé que sirva como centro de investigación para todos los temas relacionados con la tecnología y el colectivos de los sordos. Ésto ya se ha podido experimentar con la retransmisión por videoconferencia de consultas médicas entremédicos y sus pacientes sordomudos, con traducción simultánea.

Ataque directo contra la Sociedad
Sin embargo, el establishment de operadoras de telecomunicaciones privadas ha conseguido esparcir la incertidumbre de la ilegalidad de la implantación de redes públicas de acceso. A modo de FUD del que tanto conocemos en el mundo del software libre, se plantea una estrategia de acabar con las iniciativas comunitarias y públicas que pretenden articularse en una nación de redes. Mediante nota de prensa, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, informaba del expediente sancionador a la empresa municipal Proyecto Atarfe del Ayuntamiento de Atarfe, por una infracción muy grave en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades.

Tras las denuncias realizadas por parte de Atarfe TV , operadora de cable atarfeña, y la Asociacion Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), la CMT entiende que debe incoarse expediente sancionador por faltas muy graves.

La Ley General de Telecomunicaciones de Noviembre de 2003 en su artículo 6.2 regula que los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en los términos que se determinen mediante Real Decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar.

El problema parece por tanto consistir en que desde Atarfe no se ha comunicado en ningún momento a la CMT el lanzamiento del proyecto según la propia nota de prensa de la CMT de fecha de 16 abril.  Sin embargo, el contenido de esta nota de prensa no concuerda con la resolución que la propia CMT envía al Ayuntamiento de Atarfe, comunicando que da de alta el proyecto en el Registro General que según la LGT todos los prestadores de servicio deben tener, con fecha de 12 de marzo de 2004, es decir, un mes después de la incoación del expediente sancionador. Asímismo, rueda de prensa del día 17 de abril, el Ayuntamiento de Atarfe mostraba a las claras cómo han sido presiones de terceros las que han hecho trastocar radicalmente la situación.

Por tanto y por lo que parece derivarse del documento envíado por la CMT al Ayuntamiento de Atarfe, el expediente abierno no es una cuestión de notificación, puesto que la CMT ya ha inscrito a la sociedad municipal, sino que parece tratarse de una cuestión de explotación de redes en base a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.Según el artículo 8.4 de la LGT , se prevé que la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las administraciones públicas, directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente, (...)se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. Asimismo, prevé que la CMT podrá imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsión de la libre competencia..

La CMT en verano del 2003 con su resolución de Localret, mancomunidad de municipios catalanes, ya dió el aviso a navegantes; las cuestiones de telecomunicaciones son materia regulatoria que compete a la CMT y que se tienen que prestar en régimen de libre competencia. Es decir, que las municipalidades no pueden ofrecer servicios de acceso a internet ni explotar una red pública de telecomunicaciones sin la distorsión de la libre competencia.

Si en aquella ocasion, la CMT se manifestó en este tema a petición de Localret, esta vez le toca el turno a AOTEC, asociación que representa a los antiguos videos comunitarios que han navegado en el limbo jurídico durante los últimos 20 años, parar el proceso innovador. (Sentimos no podemos ofrecer ninguna información más sobre la asociación al carecer de web pública. Eso sí, venden servicios de Internet, pero de web para conocer su posicionamiento, nada de nada).

¿Sector de Libre Competencia? ¿Por qué necesitamos redes públicas?
Cuando hablamos de infraestructuras públicas, debemos pensar siempre en la red de carreteras nacionales como ejemplo de una red pública que articula nuestro país. Hoy en día existen miles de kilómetros de carreteras en España de titularidad pública, y continuamos con la construcción de miles de kilómetros de autovías. La razón para la titularidad pública está basada en el desarrollo económico que las mismas traen al conjunto de la ciudadanía. No sería lógico pensar que el desarrollo económico y social del país esté al albedrío sólo y exclusivamente de las operadoras privadas. No es lógico porque las mismas se convierten en elementos vertebradores de nuestra existencia como nación. España mantiene un crecimiento por encima del 3% gracias entre otras, a que existe una red de infraestructuras que permite el intercambio de bienes y servicios entre las diferentes localidades.

¿Es tan dificil entender que el futuro, que la Sociedad del Conocimiento es directamente proporcional a las infraestructuras de telecomunicaciones como la fibra óptica? Obviar ésto desde la clase política, es un acto de desconocimiento impropio de una sociedad que presume estar entre los 9 países más industrializados del mundo. Pero si la lógica aplastante como la anterior no sirve, podemos acudir a la Ley de Googin. La ley de Googin dice que, desde el punto de vista de análisis de la propiedad de la red, una red de transporte puede ser explotada bien como una commodity sin ningún valor, o como un monopolio que sí lo tenga (...) el valor de la red es en sí mismo, todo o nada. . En este sentido, el Cornell AFN Institute, ha continuado con el tema, manteniendo que la única manera de minimizar el coste de los usuarios de la infraestructura en red es convertirlo en una commodity con un coste marginal cero y eso pasa por la propiedad de las redes.

La cuestión está clara. Si el cliente fuera el dueño de la red, entonces el cliente podría tener el mismo acceso a un precio más bajo (como es el caso de Atarfe). Se construirían redes por parte de contratistas y, en su caso, la explotación sería regulada. La clave de todo esto, es sin lugar a dudas la propiedad, y como bien dice Lessig, los incentivos que esta propiedad pública crea. Sin embargo, la situación en España es totalmente diferente. Se ha optado por un modelo de libre competencia en un sector que conduce a medio-largo plazo, a monopolios naturales como fueron y continúa siendo el sector eléctrico. No hay sitio para más de un operador en determinadas zonas, por lo que la titularidad pública se torna en fundamental.

Esto ha traído como consecuencia que incluso áreas enormes en una ciudad de la
importancia de Córdoba no tengan acceso a internet de banda ancha, o que cuando se hace sea a unas velocidades lamentables. Mientras que en Japón o Corea comienzan a disfrutar de 100 MB/s y en EE.UU consideran totalmente insuficientes 3MB/s de acceso, aquí en España la situación es vergonzante. Las operadoras de telecomunicaciones españolas nos toman el pelo con el ancho de banda; nos ofrecen velocidades muy por debajo de lo que la tecnología posibilita; cortan el acceso a un usuario de tarifa plana por usarlo más de 8 horas; y hasta nos ofrecen velocidades declaradas totalmente ilegales. Bajo este panorama, ¿tenemos que creer que sólo la iniciativa privada posibilitará que España se desarrolle propiamente en el Siglo XXI?.

Cuando en España nos seguimos manteniendo en los últimos puestos del Indice de Acceso Digital del hemisferio occidental, argumentar que este tipo de iniciativas distorsionan el mercado, es para "ir a mear y no echar ni gota..., máxime cuando lo que se está supuestamente distorsionando es una oferta de TV Atarfe de ofrecer como máximo una velocidad de 256 KB/s por 30 euros/mensuales....ver para creer...

Si la Sociedad del Conocimiento depende sólo y exclusivamente de las operadoras de telecomunicaciones privadas la consecución de ésta será una mera quimera, de ahí el fracaso total en alcanzar ni tan siquiera por asomo, el avance en la sociedad netocrática. Mediante esta denuncia de AOTEC, se pretende que el interés particular de este colectivo empresarial, prevalezca sobre el interés común, al ver peligrar su negocio por la iniciativa ciudadana. Por ello, han puesto sus motores de presión a trabajar consiguiendo al menos sembrar la incertidumbre en el sector. Arguyen la libre competencia en la necesidad de parar la iniciativa atarfeña para poder rentabilizar sus infraestructuras creadas durante 20 años de situación alegal.

¿Hablaríamos de libre competencia si Aumar, concesionaria de Autopistas del Estado, denunciara al Ministerio de fomento por la construcción de nuevas radiales de titularidad pública? Entendemos que el tema de la Sociedad del Conocimiento no es una cuestión de libre mercado, como tampoco lo fueron en su momento la red eléctrica, o sigue siendo el agua o las carreteras. Aunque no seamos nada partidarios de la intervención del Estado en los quehaceres de la sociedad, cuando el desarrollo económico de una nación entera como España está en juego, los poderes públicos deben actuar, y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Atarfe, ni más ni menos: tener la visión suficiente. Cuando avanzamos en la sociedad digital, las infraestructuras de telecomunicaciones han de verse bajo la misma óptica. Las redes de infraestructuras de telecomunicaciones se encuentran en la misma órbita que las carreteras, electricidad o agua. ¿Por qué mantener bajo titularidad pública éstas y no las infraestructuras de telecomunicaciones? Desconocimiento y presiones parecen ser las causas.

Desde estas líneas abogamos por la creación de una infraestructura publica donde diferentes operadores privados puedan ofertar sus servicios, bajo una regulación de los precios, y con una serie de obligaciones, sobre todo con las referidas a la velocidad de acceso. Prohibir que una administración pública tenga una infraestructura de telecomunicaciones, es como prohibir que nos preparemos para desarrollar económicamente diferentes áreas. Si son sólo los operadores privados los que fijen nuestro crecimiento, nos veremos obligados a tener accesos a Internet con unas velocidades ridículas, obviando las miles de posibilidades que se tienen en un futuro. Pretender que sean las operadoras de telecomunicaciones privadas en solitario las que nos lleven a la Sociedad del Conocimiento, sólo nos queda apagar e irnos en busca de otras sociedades más proclives al futuro netocrático. Nuestros legisladores parecen no darse cuenta que el futuro vendrá marcado por los centros de innovación del Siglo XXI, y que los mismos no coincidirán con las sociedades industriales nacidas del siglo XIX. Pequeñas comunidades que basen su desarrollo económico y social en las infraestructuras de red tal y como vemos hoy en pequeñas localidades españolas como Mataró, estadounidenses como Reedsburg, o países asiáticos como el Reino de Bhutan, consituyen el futuro. Allí es donde estarán concentradas la gran mayoria de las innovaciones futuras por lo que intentar coartar el avance tal y como propone la CMT en aras de una libre competencia que nos ofrece una calidad de acceso simplemente bochornosa, nos parece simplemente una tomadura de pelo.

Atarfe, réplica de la batalla estadounidense
Pero este expediente sancionador nos ha confirmado una cuestión. Los lobbys de presión de sector de las telecomunicaciones comienzan a actuar en España. En EE.UU son empresas como Qwest o Comcast las que están ejercitando un poderoso lobby sobre diferentes actores (Congreso, Estados, Ayuntamientos, etc) para parar el avance de diferentes administraciones públicas locales implantando sus propias redes desde hace varios años. Por ahora han conseguido un par de victorias importantes.

En el estado de Missouri, la Corte Suprema de Missouri emitía un veredicto que supone una batalla perdida para las municipalidades , y la ciudad de St. Lake City votaba en contra de la inversión de fondos municipales en el proyecto UTOPIA del estado de Utah. Este proyecto creado por 18 municipalidades tiene por objetivo llevar ancho de banda real, a los ciudadanos de estas comunidades. Se pretende construir una red de infraestructuras que garantice accesos a ancho de banda por encima de 100 MB/s a más de 34.500 negocios y a más de 250.000 ciudadanos a un precio de $28 mensuales.

Utopia es sólo un ejemplo de las muchas iniciativas existentes en EE.UU para la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones públicas. Numerosas empresas de utilities municipales a lo largo de toda la geografía estadounidense se han embarcado en proyectos tendentes a ofrecer servicios state of the art a sus ciudadanos. En este sentido, la American Public Power Association, asociación que agrupa al colectivo de las empresas públicas estadounidenses de utilities (agua, electricidad, gas) indica que a finales de 2003 existían más de 571 empresas municipales que ofrecían servicios variopintos de telecomunicaciones, desde el alquiler de fibra óptica (156), proveedores de acceso de Internet (134), o servicios de cable de televisión (109). Todas ellas tienen claro que gran parte de su futuro como municipalidades que se desarrollen económicamente por encima de la media, pasa por la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones públicas.

La resolución de CMT representa el primer paso ofensivo para prohibir que diferentes entidades puedan mantener redes de telecomunicaciones públicas como hemos visto ocurre en EE.UU. Esta expediente pretende mantener el monopolio de operaciones de internet para los operadores privados, sacrificando el interés general de la mayoría, y por ende, el desarrollo de una nación entera, y ahí, como españoles netócratas que somos, simplemente no lo podemos consentir.

¿Qué hacer desde la Comunidad?
Hemos de esperar finalmente cómo termina esta situación y de cuál será el futuro de esta resolución, seguro que tendremos nuevas noticias.Mientras tanto, seguiremos pintándonos la cara porque de nuevo toca batallar, como se lleva haciendo con el tema de las patentes de software admirablemente desde diferentes foros como Barrapunto, Hispalinux o la Asociación de Internautas. La sociedad civil tiene que tomar más y más posiciones en cuestiones claves apra el desarrollo de nuestro futuro.

Dejadlo en manos exclusivamente de los políticos ha demostrado que no sirve para nada. Los netócratas, los que queremos que nuestras sociedades basen su desarrollo futuro en las infraestructuras de telecomunicaciones, debemos reaccionar porque nuestro futuro como país está en juego. Podemos dedicar mucho tiempo a analizar sobre si Google apoya el software libre, si debemos utilizar sobre Pocket PC o Palm, sobre cómo personalizar nuestro navegador, o incluso de la creación de federaciones de LUGs. Sin embargo el quid de la cuestión, la infraestructura base que hace posible todo lo demás, no la tendremos y teniéndonos que conformarnos con velocidades ridículas de conexión a la red. Podremos seguir discutiendo del sexo de los ángeles durante los próximos 50 años, pero España se mantendrá en los mismos puestos de acceso digital, y ésto, los netócratas no lo podemos permitir. Por eso es fundamental que la clase política se de cuenta de la importancia más que manifiesta de las infraestructuras de telecomunicaciones públicas en la articulación de la sociedad futura y nuestro papel en comunicarlo, esparcirlo y hasta del ejercicio de la presión sobre los responsables municipales y legisladores de la importancia del ancho de banda en nuestro país. A menos que lo hagamos nosotros, mucha de la información será partidista y sesgada y no velará por los intereses de todos. Entendemos que esa es la labor que se tiene que realizar desde colectivos como Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Internet, Hispalinux, pasando por todo tipo de comunidades, y sobre todo desde todos los blogs. Desde Hispalinux, se conseguió que la Junta de Extremadura y Junta de Andalucía , entendieran la importancia del software libre como catalizador de la Sociedad del Conocimiento, ¿podremos conseguirlo con las redes públicas? Tiempos duros vienen a menos que reaccionemos desde todas las partes envueltas.

A los dificilísmos asuntos que Rodríguez Zapatero deberá enfrentarse los próximos años, éste sin lugar a dudas será de los más importantes dado el carácter estratégico del mismo. Nuestro desarrollo económico futuro está en juego y no podemos permitir, cuatro años más con esta situación y sin ninguna definición estratégica por parte de nuestro Gobierno en materia tecnológica. Es por eso que tenemos que estar atentos a las políticas que se desarrollen en este sentido y no podremos dejar de ser beligerantes si no se corrige la nefasta herencia del Partido Popular en esta materia. Esperemos que realmente lo entiendan, por eso, debemos pintarnos para la guerra, para estar preparados, nuestro futuro como nación está en juego, y a nosotros nos preocupa gravemente.