¿Es adecuado liberar una aplicación que la administración pública ya tiene desarrollada?

En principio, la respuesta podría ser SI en cualquier caso, pero no es una decisión que pueda tomarse de forma instantánea, por varios factores.
Supongamos que una administración ha invertido varios millones de euros en el desarrollo de un aplicativo más o menos genérico (denuncias policiales, trámites judiciales, etc).
Liberar toda esta masa de código puede plantear algunos problemas.

En primer lugar no es inmediato que la administración deba necesariamente poner a disposición del público general sus activos digitales. A fin de cuentas el aplicativo supone un importante esfuerzo de inversión del cual los ciudadanos podrían reclamar que se hiciese lo posible para obtener el máximo retorno.
Según la más elemental teoría de juegos económicos, si unas regiones empezasen a liberar todo su software y las otras no lo hicieran, las regiones que no colaborasen obtendrían una ventaja presupuestaria sobre las que si lo hiciesen. Por consiguiente, la liberación de aplicaciones pública debe ser un juego de todos. En España ya hay iniciativas y políticas de coordinación. El MAP tiene un buen número de ellas. Y las consejerías autonómicas, normalmente, están bastante dispuestas a cooperar entre ellas. Por desgracia el pluralismo nacional opera en este caso dificultando la coordinación. Haría falta algo mucho más amplio, como por ejemplo la directriz SmartBuy del gobierno norteamericano para coordinar la compra de software en todas las administraciones públicas o el local e-gov británico para el software en ayuntamientos.

En segundo lugar, hacer de dominio público una aplicación requiere un tremendo esfuerzo en soporte. No se pueden liberar los fuentes y lavarse las manos, porque nadie quiere ni regalado un proyecto no está mantenido por el fabricante.

Quizá podría cederse el código a una empresa privada, bajo ciertas condiciones, para su explotación y mantenimiento, pero esto es peligroso y, además, no reduce significativamente el esfuerzo de mantenimiento por parte de la administración porque el contratista (si es juicioso) siempre dirá lo mismo: "vale nosotros comercializamos la aplicación, la extendemos y damos soporte de primer nivel, pero queremos estar seguros de que vosotros nos solucionareis cualquier bug serio con la mayor celeridad posible".

Por último, habría que aclarar qué licencia sería la más apropiada para liberar software público. No creo que BSD fuese apropiada y probablemente tampoco GPL porque lo que no es admisible, desde el punto de vista político, es que la aplicación se libere con una licencia que permita hacer cosas hipotéticamente en contra de los intereses de licenciador. Pondré un ejemplo concreto, la administración central libera una aplicación. Una administración autonómica toma el código, lo modifica, lo traduce a su idioma local y hace otra versión nueva incompatible con la original.